Mi brazo por 600.000 euros
Josep María Vilamajó lleva 40 años en el oficio de investigador privado y ya hay pocas cosas que le sorprendan, pero el caso que a continuación detalla le dejó perplejo. Hace un año, una compañía de seguros le encargó el caso de un hombre que había perdido un brazo en un accidente de coche; aludía que se había cortado con la sierra mecánica que transportaba. Resolverlo no fue demasiado complicado: el corte era demasiado limpio como para habérselo hecho en un accidente; y un dedo de la mano estaba en sospechoso mal estado.
El hombre pertenecía a una familia, de Valencia, en la que todos estaban en paro. Habían suscrito más de ocho pólizas de seguro y le habían convencido entre todos para que se amputara un brazo para cobrar en torno a 600.000 euros.
El hombre bajó al bar a tomarse un carajillo, se aplicó una anestesia local y se cortó el brazo a la altura del codo. Olvidó retirar el anillo de boda antes de amputarse la extremidad. Intentó recuperarlo a posteriori, lastimando el dedo.
El caso es de una crudeza brutal y resulta, a todas luces, extremo. Pero pertenece a esa nueva categoría de fraude que ha emergido con la crisis: el que se lleva a cabo por necesidad económica. “Con la crisis se ha producido un aumento del fraude de entre el 25% y el 30%”, asegura Javier Fernández, portavoz de la Asociación Empresarial del Seguro Unespa.
Las aseguradoras solían diferenciar entre defraudadores profesionales y ocasionales. El grupo Zurich presentó el pasado mes de marzo un informe en el que destacaba la aparición de un nuevo tipo de defraudador: el que lo es por necesidad. “Ahora, este tipo de asegurado traslada una deuda o sus malos resultados en el negocio a su seguro”, explica Carlos Palos, director de Siniestros de Zurich. “Cobrar una indemnización se convierte en una manera de percibir dinero”, añade.
Según los datos que maneja ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), en 2003 se produjeron 54.114 intentos de fraude; en 2011, mucho más de doble, 130.959. “El fraude se ha incrementado sobre todo en los colectivos que más han sufrido los efectos de la crisis: las pymes y los jóvenes menores de 26 años”, apunta Francisco Valencia, director de gobierno corporativo de Línea Directa.
El aumento de los casos también obedece al hecho de que se investiga más y, por tanto, aparece más fraude. “Las aseguradoras han destinado un 17% más de recursos a la investigación”, confirma el portavoz de Unespa. Las compañías han reforzado sus departamentos de detección de fraude, han implantado programas informáticos que emiten alertas sobre casos potenciales, pero, en muchas ocasiones, tienen que recurrir a investigadores privados. Los seguimientos a defraudadores permiten grabar imágenes que destapan montajes y evitan que la aseguradora pague un solo euro.
Vilamajò hace un hueco al humor y recuerda entre risas un caso sonado, hace dos años, en Sevilla. Un hombre en supuesto estado catatónico se presentó en silla de ruedas, auxiliado por un familiar, ante el juez. Este dio orden en la sala de que proyectaran el vídeo que había conseguido grabar un agente de Winterman. El hombre en supuesto estado catatónico aparecía en su finca de recreo, en perfecto estado de forma, subido a un olivo.
Fraudes hay de todos los colores. Como el que se produjo en 2009 con una chica de unos 22 años, castellana, que alegó que le había mordido un perro y que no podía poner un pie en la calle ni ir a trabajar por la fobia a los perros que había desarrollado. La compañía tenía que pagarle entre 70 y 100 euros diarios, recuerda Vilamajò, por lo que ella dejaba de ingresar como consecuencia del accidente.
Un seguimiento de la agencia permitió descubrir que la chica salía de casa sin ningún problema. Todos los días, se iba tan pancha a trabajar. A una peluquería canina. No cobró un euro.
Los detectives han encontrado un filón para resolver casos: las redes sociales. “Deberían ser las patronas de los investigadores”, dice en broma Vilamajò. Mariano Paradell, que cuenta con 50 detectives en su agencia, Grupo Paradell, recuerda cómo, este invierno, una foto de Facebook de dos jóvenes tomando cubatas juntos ayudó a destapar un montaje. Esos dos jóvenes habían dado parte de un accidente en una rotonda. En cada coche viajaban cinco pasajeros. El choque generó nueve bajas por latigazo cervical. Cada uno suponía 5.000 euros de indemnización. Importe total del montaje: 45.000 euros. Adujeron que no se conocían de nada, pero se desmostró que estaban compinchados.
“Esto ocurre a diario. España, Portugal, Grecia e Italia son países fraudulentos por naturaleza”, apunta Paradell, “si se comparan con los nórdicos o los japoneses”. El pícaro español sigue vivo. “Además, como las compañías muchas veces no denuncian, ni la fiscalía toma cartas en el asunto, esto se ha convertido en la gallina de los huevos de oro”, sostiene. “El defraudador sabe que no hay un gran riesgo”, explica, “que es poco probable que le pase nada por estafar a una compañía”.
Carlos Palos, de Zurich, dice sin embargo que esto está cambiando. Las aseguradoras se ven obligadas a investigar cada vez más los llamados “casos de menor cuantía” porque son estos los que crecen de manera notable en tiempos de crisis.
La situación económica genera, además, cambios en la tipología de casos. “Se investigan menos bajas ficticias”, dice Paradell, “la gente no se atreve a hacer el tonto para no perder su trabajo”, añade.
Y crecen los incendios en negocios que quieren salvar lo que puedan por la vía de cobrar una indemnización. Vilamajò explica que su agencia tiene entre manos la investigación de cuatro fuegos en tiendas de chinos que han encontrado en ellos la fórmula, dice, “para solucionar su salida”. Queman la tienda, cobran y se van de un país que, económicamente, ya no es lo que era.
Vía | elpais.com