XAVIER PERIS PALMA El empresario, propietario de un supermercado del Port d´Alcúdia, llevaba meses con la mosca detrás de la oreja. Las cuentas no salían y estaba convencido de que una de sus empleadas se quedaba con parte del dinero que cobraba por recargas de teléfonos móviles. Sin embargo, no tenía forma de probarlo, por lo que decidió contratar los servicios de una agencia de detectives.
Los profesionales del Grupo Cabanach analizaron durante semanas las cuentas del establecimiento y confirmaron que, efectivamente, había un descuadre muy superior al que sospechaba el propietario. Se remontaba a los tres últimos ejercicios fiscales, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. Las investigaciones realizadas por los detectives privados pusieron de manifiesto que la mujer hacía recargas en su móvil y en el de su hijo sin ingresar los importes en la caja. Pero además sospechaban que se habría quedado con parte del dinero en efectivo que abonaban los clientes con sus recargas. Aunque inicialmente se cuantificó el fraude en unos 1.600 euros, los investigadores privados apuntaron que podría elevarse a unos 5.000 euros.
Tras finalizar esta primera fase de la investigación, el propietario y los detectives acordaron reunirse con la empleada. Se citaron en un bar y allí le explicaron que habían detectado el fraude. La mujer no negó inicialmente, pero ante las pruebas que le mostraron terminó confesándolo todo.
El dueño del supermercado le dijo entonces que la iba a despedir y que, si no le devolvía todo el dinero defraudado, presentaría una denuncia ante la Guardia Civil. La sorpresa vino un par de días después, cuando el empresario fue citado por la Guardia Civil de Pollença… como denunciado. La mujer había acudido al cuartel y había explicado que su jefe la había coaccionado junto con unos falsos policías.
Lo que no sabía la mujer es que los detectives habían grabado todo su encuentro en el bar con una cámara oculta. El propietario del supermercado acudió a la cita en el cuartel de la Guardia Civil con la grabación, en la que quedaba claro que los profesionales de la agencia Cabanach se habían identificado como detectives privados y que la mujer había admitido el fraude cometido.
Las tornas que volvieron contra la denunciante, que acabó detenida por la Guardia Civil acusada de defraudar al menos 1.600 euros en recargas telefónicas para ella y su hijo.
Vía | diariodemallorca.es